Justicia china condena a cadena perpetua a exministro de Justicia por aceptar sobornos en plena campaña anticorrupción

Tang Yijun, de 64 años, ocupó el cargo de ministro de Justicia entre 2020 y 2023 y anteriormente desempeñó roles clave tanto en la administración provincial como en el PCCh.

Por Fabián Pizarro Arcos

En un fallo que vuelve a atraer la atención sobre la lucha contra la corrupción en el seno del poder político chino, un tribunal de China ha condenado a cadena perpetua al exministro de Justicia Tang Yijun, uno de los funcionarios más destacados en ser juzgados en los últimos años por aceptar sobornos de alto valor. La decisión, anunciada el 2 de febrero de 2026, subraya el enfoque de “tolerancia cero” que el presidente Xi Jinping impulsa desde que asumió el liderazgo del país en 2012, consolidando una campaña anticorrupción que ha transformado la política interna y la rendición de cuentas en la República Popular, informa Europa Press.

Tang Yijun, de 64 años, ocupó el cargo de ministro de Justicia entre 2020 y 2023 y anteriormente desempeñó roles clave tanto en la administración provincial como en el Partido Comunista de China (PCCh). Según la acusación judicial, Tang “abusó de su poder y de sus cargos oficiales para obtener beneficios” para diversas entidades e individuos entre 2006 y 2022, en un periodo que incluye su paso por jurisdicciones provinciales y por el gabinete central. En ese lapso, aceptó sobornos por un valor estimado de más de 137 millones de yuanes (casi 17 millones de euros), distribuidos en efectivo y otros pagos ilegales, en clara violación de las leyes chinas.

El Tribunal Intermedio de Xiamen, en la provincia sureste de Fujian, fue el encargado de dictar la sentencia. En su fallo, los magistrados afirmaron que los hechos de Tang causaron “graves daños a los intereses del Estado y del pueblo”. Pese a la severidad de los cargos, el tribunal señaló que se tuvieron en cuenta aspectos atenuantes, como la confesión del acusado, su arrepentimiento explícito y su cooperación durante la investigación, elementos que, según la corte, justificaban la pena de cadena perpetua en lugar de una sentencia más extrema.

Además de la prisión de por vida, la sentencia incluye la privación permanente de sus derechos políticos y la confiscación de sus bienes personales, que serán entregados al tesoro del Estado. La decisión judicial llega tras una investigación abierta en abril de 2024, cuando Tang fue expulsado del Partido Comunista y apartado de sus funciones públicas por las autoridades disciplinarias del PCCh.

Este caso no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia que ha caracterizado la política interna china durante la última década. La campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping ha alcanzado a decenas de altos cargos, incluyendo ministros, generales y funcionarios de grandes instituciones estatales. En algunos casos, como el de Fu Zhenghua, otro exministro de Justicia, la persecución culminó también en una condena severa —sentenciado a muerte con suspensión, posteriormente conmutada por cadena perpetua por cargos similares en 2022— lo que refleja la continuidad y firmeza del enfoque judicial frente a delitos de malversación y soborno.

Paralelamente a la condena de Tang, las autoridades chinas han intensificado las investigaciones sobre otros altos funcionarios, incluyendo a miembros destacados del estamento militar y de la administración central. Por ejemplo, la Comisión Militar Central ha visto recientemente investigaciones sobre figuras como Zhang Youxia, vicechairman de ese órgano, en lo que supone una ampliación de la campaña anticorrupción a esferas tradicionalmente consideradas más protegidas.

Para observadores internacionales, la condena de Tang Yijun es un indicio de que la justicia en China continúa aplicándose de forma implacable en casos de corrupción, incluso cuando se trata de figuras de alto nivel.

En definitiva, la sentencia contra Tang no solo representa una sanción ejemplar dentro de la campaña anticorrupción china, sino que también se inserta en un contexto político más amplio, donde el Partido Comunista busca reforzar su legitimidad frente a la población y el aparato estatal, al tiempo que mantiene un control estricto sobre sus estructuras internas y su ejercicio del poder.