Nuevas reglas para la cooperación China–ALC: Arbitraje verde y autos eléctricos

La expansión china en energías renovables y autos eléctricos está transformando la relación con América Latina y abriendo una nueva etapa de cooperación verde.

Por Carolina Fabara

Este espacio es una alianza con Revista China Hoy 

El vínculo entre China y América Latina y el Caribe (ALC) se ha ido transformando en los últimos diez años. Ya no se trata solamente de materias primas, sino que ahora el eje está en la revolución de la movilidad eléctrica y de la transición energética. En la actualidad, la región se ha constituido como un auténtico laboratorio jurídico y político en el que se entrelazan grandes proyectos de energías renovables, baterías y vehículos eléctricos provenientes de China. Empresas y bancos de China están financiando parques eólicos y solares, nuevas redes de transmisión y complejos relacionados con el litio y el almacenamiento bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta y más recientemente, con su agenda verde. Por otra parte, los Gobiernos de ALC consideran esta oleada de inversión como una estrategia para diversificar sus economías, disminuir sus emisiones y demostrar que es factible cumplir con compromisos climáticos cada vez más rigurosos sin sacrificar el desarrollo. Este nuevo escenario abre una oportunidad para que China y ALC eleven juntos sus estándares: si los mecanismos de solución de disputas, especialmente el arbitraje internacional, se diseñan con sensibilidad social y climática, pueden convertirse en el corazón de una arquitectura de gobernanza que dé más confianza, previsibilidad y legitimidad a la transición energética compartida. 

Del “boom” de materias primas al “boom” verde 

En la etapa previa de la relación entre ALC y China, el vínculo estuvo dominado por los productos básicos tradicionales —minería metálica, petróleo e infraestructura dura como represas, puertos y carreteras— y se consideraba a China principalmente como un gran consumidor de materias primas. Hoy en día, en cambio, el enfoque se ha trasladado hacia el campo de la “nueva energía” donde China lleva la delantera a nivel mundial –baterías de ion-litio, paneles solares y coches eléctricos–, con el país brindando financiación, tecnología y una escala industrial. 

Según la Red América Latina y el Caribe sobre China, entre 2010 y 2024, el país invirtió alrededor de 34.000 millones de dólares en setenta proyectos de energía renovable en la región, los cuales abarcaron desde grandes parques solares en el Cono Sur hasta extensas instalaciones eólicas y redes de transmisión para fortalecer la seguridad energética. Simultáneamente, empresas como BYD han comenzado una nueva fase de inversión directa en Brasil, estableciendo fábricas de ensamblaje y producción que han creado miles de puestos laborales y la transferencia tecnológica vinculada a vehículos eléctricos y baterías. 

Desde un punto de vista legal, este “boom” verde está transformando el papel de China desde un simple comprador a un socio tecnológico y financiero a largo plazo. Esto ha motivado a las naciones latinoamericanas a actualizar sus marcos regulatorios en términos de energías renovables, movilidad eléctrica y cuidado del medioambiente. La evidencia indica que, en lugares donde existen normas precisas, instituciones sólidas y procedimientos de resolución de disputas bien estructurados, el capital chino tiene la capacidad de respaldar niveles más altos de criterios ESG, cadenas productivas locales y una transición energética más ordenada y predecible. No obstante, este cambio cualitativo también ha generado un mayor grado de responsabilidad conjunta frente al clima, la diversidad biológica y los derechos de las poblaciones locales. Por consiguiente, esto también ha generado un ambiente propicio para que AL y China empleen el derecho —incluyendo el arbitraje verde— como medio para conciliar desarrollo, descarbonización y legitimidad social. 

La década del Foro China–CELAC: de la infraestructura física a la jurídica 

El Foro China-CELAC ha sido la principal plataforma política de esta transformación; este año se cumplen diez años de su funcionamiento y ya no se trata de un canal meramente declarativo, sino que de un mecanismo que ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma coordinadora con impactos jurídicos y regulatorios específicos. Durante esta última década, el Foro China-CELAC se ha ido desarrollando hasta convertirse en una red de diálogo con múltiples sectores que incluye finanzas para el desarrollo, cambio climático, innovación, inversión y comercio. Esta red también ha generado un lenguaje compartido que se ha materializado en tratados bilaterales, acuerdos y programas de cooperación técnica. 

En su más reciente encuentro ministerial en Beijing, los socios proclamaron nuevos conjuntos de apoyo al desarrollo de ALC, con un énfasis claro en energía limpia, infraestructura sostenible y cooperación verde. Asimismo, propusieron la creación de una “comunidad para el desarrollo con un futuro compartido”, lo cual ha develado una segunda capa, menos evidente pero igual de fundamental: la creación de una auténtica “infraestructura jurídica”. 

Desde el punto de vista legal, esta arquitectura será la que decida si la colaboración verde entre ALC y China será considerada como legítima, ordenada y predecible: normas precisas para repartir los riesgos, protocolos de resolución de conflictos que incluyan estándares en materia ambiental y de derechos humanos, así como una mejor coordinación entre autoridades regulatorias, tribunales nacionales y centros de arbitraje a cada lado del Pacífico. Tras diez años desde la creación del Foro, la meta ya no es únicamente incrementar la cantidad de proyectos, sino garantizar que la capa normativa esté alineada con las aspiraciones sociales y climáticas de la nueva agenda verde conjunta. 

Arbitraje verde: más que cláusulas estándar 

El arbitraje internacional ha sido un actor importante en conflictos relacionados con infraestructura y recursos naturales en ALC a lo largo de las últimas décadas, y precisamente esa experiencia es la que le otorga una posición privilegiada a la hora de respaldar la nueva etapa de cooperación verde con China. En medio de la transición energética, un auténtico “arbitraje verde” ha dejado de ser un instrumento meramente comercial y se ha transformado en un ámbito técnico en el que es posible conciliar las justas inquietudes sociales y ambientales de la región con el compromiso de China de brindar financiación, tecnología y estabilidad a largo plazo. 

Es previsible que surjan disputas en proyectos ecológicos con participación china, desde parques de energía eólica y solar hasta líneas de transmisión y cadenas de valor de litio y vehículos eléctricos, debido a demoras en permisos, cambios regulatorios, efectos ambientales no previstos o conflictos con comunidades rurales e indígenas. Sin embargo, si son diseñadas de manera adecuada, las cláusulas de arbitraje y otros mecanismos para resolver conflictos pueden tornar esos puntos conflictivos en diálogos jurídicos ordenados, previniendo que los desacuerdos se conviertan en crisis políticas y salvaguardando tanto la inversión china como los derechos de los involucrados locales. 

Un enfoque audaz de arbitraje verde incluso posibilita que China exhiba liderazgo normativo: al incluir pautas definidas sobre la evaluación del impacto social y ambiental, referencias a estándares internacionales de debida diligencia y la intervención de especialistas en derechos humanos y clima cuando sea pertinente, se refuerza la legitimidad de los lados. A esto se pueden agregar fases obligatorias de mediación temprana, procedimientos para presentar quejas que sean accesibles para las comunidades afectadas y soluciones compensatorias que incluyan medidas de adaptación y mitigación junto con retribución económica. En ese sentido, China no solo se presenta como un gran inversor en infraestructura verde, sino también como un aliado dispuesto a someter sus proyectos a normas legales más rigurosas y transparentes, consistentes con el discurso de “cooperación de alta calidad” que fomenta en su relación con América Latina. 

Hacia una transición justa y previsible 

En la actualidad, muchos países de ALC se preguntan si la reciente oleada de inversiones chinas en movilidad eléctrica y energía limpia podrá impulsar una transición equitativa, o si, por el contrario, existe la posibilidad de que siga antiguos modelos de dependencia extractivista. Desde el punto de vista jurídico, la solución no está predeterminada: en gran parte dependerá de la manera en que se establezcan las normas del juego, incluidos contratos, tratados, y marcos regulatorios, y de cómo sean manejadas las disputas que conllevan los proyectos a gran escala en zonas con sensibilidad social y ambiental. 

Un ecosistema de arbitraje verde, así como procedimientos para resolver conflictos que tengan en cuenta el clima y los derechos humanos, pueden ser instrumentos esenciales para regular esta transición y disminuir la disparidad entre la “cooperación de alta calidad” y la práctica diaria en los proyectos. En la medida que esté bien diseñado, este entramado institucional podrá brindar a los inversores y a los Estados seguridad jurídica y resguardo ante decisiones arbitrarias, mientras que también habilitará vías transparentes para que la sociedad civil y las comunidades expresen sus inquietudes, reciban información y soliciten rectificaciones cuando sea necesario. 

Adoptar esta agenda de manera proactiva no solo es una estrategia inteligente para manejar riesgos para China, sino también una oportunidad para ejercer liderazgo normativo en el Sur Global. Si China demuestra que sus inversiones verdes en ALC están sujetas a estándares sólidos de derechos humanos y medioambientales, los cuales se encuentran incluidos en contratos, regulaciones de arbitraje y políticas internas de sus bancos y empresas, se fortalecerá aún más su imagen como un socio que está comprometido con una transición energética global más equitativa y regulada. 

De este modo, la nueva fase de las relaciones entre ALC y China se desarrollará no solo en los parques solares y las plantas de autos eléctricos, sino también en las mesas de negociación de contratos, en los reglamentos de arbitraje y en las resoluciones tomadas por centros de solución de controversias y tribunales regionales. Si la región de ALC y China consiguen armonizar la infraestructura en términos de leyes, finanzas y aspectos físicos en consonancia con principios como participación justa, inclusión social, rendición de cuentas y clima, el arbitraje verde tiene el potencial de ser uno de los vínculos más robustos hacia un futuro conjunto de desarrollo con baja huella de carbono. En este escenario, China no solo se posicionaría como un gran inversor, sino también como un coautor de las normas que lo hacen viable.

*Carolina Fabara es investigadora postdoctoral en la Universidad Sun Yat-Sen.

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